La dimisión de Marcos Lavagna al frente del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) avivó nuevamente las preocupaciones por la falta de claridad en la metodología del organismo. La diputada Osuna había advertido en el Congreso el año pasado que la modificación de los procedimientos estadísticos sin mecanismos de control parlamentario podía derivar en la alteración de datos oficiales para esconder los resultados del modelo económico vigente.
En respuesta a esos riesgos, la legisladora presentó en 2025 el proyecto de ley 4559-D, que exige al INDEC brindar informes detallados sobre sus métodos de cálculo y someter cualquier cambio a un comité de seguimiento integrado por representantes de todas las fuerzas políticas. Según explicaron sus impulsores, el objetivo es garantizar que las cifras sobre inflación, pobreza y otros indicadores fundamentales cuenten con el mayor rigor y legitimidad.
La iniciativa ya cuenta con el respaldo de varias bancadas y podría convertirse en uno de los ejes del debate legislativo de las próximas sesiones. Su aprobación sería un paso clave para restaurar la confianza en los datos estadísticos, considerados esenciales para la definición de políticas públicas y la toma de decisiones por parte de empresarios y ciudadanos.
