Título: Concordia lanza certificación de calidad edilicia en medio de falencias en fiscalización
El lunes 5 de enero, el Departamento Ejecutivo Municipal publicó en el Boletín Oficial el decreto que reglamenta la “Certificación de Calidad Edilicia – Municipalidad de Concordia”. El nuevo sistema apunta a evaluar y reconocer a las construcciones, públicas o privadas, que destaquen por su calidad constructiva, su enfoque en sostenibilidad y su aporte social.
Según el texto oficial, el procedimiento incluye la presentación de documentación técnica, la inspección de obra y un análisis de criterios vinculados con eficiencia energética, uso de materiales responsables y accesibilidad. Una vez cumplidos los requisitos, los proyectos podrán exhibir un sello que los identifique como ejemplos de buenas prácticas urbanas.
Sin embargo, el contexto local pone en evidencia una realidad inversa: la mayoría de las edificaciones se realizan al margen de las normas, con daños al patrimonio histórico y al entorno natural. En numerosas ocasiones, los emprendimientos irregulares reciben luego una regularización aprobada por el propio municipio, lo que refuerza la percepción de tolerancia frente a la falta de controles.
Fuentes vinculadas al ámbito urbanístico señalan que la norma difícilmente se aplique con rigor mientras persistan las demoras en las inspecciones y una prórroga casi sistemática de excepciones. En ese escenario, alarman, la certificación podría terminar siendo un reconocimiento reservado sólo a aquellos proyectos que cuenten con los mejores respaldos políticos o económicos, sin modificar de fondo un modelo de expansión inmobiliaria basado en atajos legales.
El Municipio, por su parte, defiende la iniciativa como un paso hacia la mejora de los estándares constructivos, aunque admite que el desafío mayor consistirá en garantizar la transparencia y la continuidad de los controles. Mientras tanto, urbanistas y organizaciones de la sociedad civil insisten en que la nueva herramienta sólo tendrá valor si se complementa con un plan de fiscalización efectivo y condiciones claras para todos los actores del sector.
